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El presidente de la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz, diputado Facundo Fernández de la Cruz, aseguró que, en caso de que el Pleno apruebe las declaraciones de procedencia contra los alcaldes señalados, cada expediente será votado de manera individual y se respetarán las garantías procesales de los involucrados.
En entrevista, el legislador explicó que los presidentes municipales fueron citados para asistir a la sesión correspondiente, aunque tienen el derecho de decidir si acuden personalmente o envían a sus representantes legales.
Precisó que, de aprobarse la declaración de procedencia, se realizarán sesiones distintas para cada caso y aclaró que el procedimiento legislativo no implica medidas de protección adicionales, ya que posteriormente corresponderá a la Fiscalía General del Estado continuar con las investigaciones y, en su momento, notificar al Poder Judicial para que siga el proceso penal.
Fernández de la Cruz subrayó que el dictamen elaborado por la Comisión Instructora establece expresamente que los alcaldes conservarán su derecho a la presunción de inocencia y que, si al concluir el proceso judicial no se acredita responsabilidad penal, podrán reincorporarse a sus cargos como presidentes municipales.
"El mismo dictamen lo señala: en caso de que no exista culpabilidad, podrán regresar a retomar su encargo", afirmó.
Respecto a los señalamientos realizados por dirigentes de Movimiento Ciudadano, quienes solicitaron la intervención de organismos de derechos humanos para vigilar la imparcialidad del procedimiento, el diputado indicó que hasta el momento el Congreso de Veracruz no ha recibido ninguna notificación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, comentó que, si integrantes de la CNDH solicitaran ingresar a una sesión privada de la Comisión Instructora, dicha petición tendría que ser autorizada previamente por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Finalmente, reiteró que la Comisión Instructora determinó que existen elementos suficientes para someter al Pleno las declaraciones de procedencia, sin que ello implique prejuzgar sobre la responsabilidad de los alcaldes, quienes mantienen intacto su derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia.