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Apuntes desde el suelo

Dr. Lenin Torres Antonio 07 de Septiembre de 2026

CARTA ABIERTA A LA SOCIEDAD VERACRUZANA Y MEXICANA PARA QUE NOS ATREVAMOS A PENSAR OTRO MODELO DE SEGURIDAD

A la sociedad veracruzana y mexicana; a las universidades y centros de investigación; a académicos, intelectuales y especialistas; a organizaciones ciudadanas y comunitarias; a los poderes públicos y gobiernos municipales, estatales y federal; a los Congresos locales del poder legislativo, al Congreso Federal Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Presidencial, a quienes todos los días viven la inseguridad, la violencia y el miedo:

La muerte del diputado federal veracruzano Zenyazen Escobar García, localizado sin vida el 4 de septiembre dentro de su vehículo en la carretera federal Veracruz-Xalapa, con una herida producida por arma de fuego, constituye un acontecimiento doloroso que debe ser plenamente esclarecido. La Fiscalía General de la República ha atraído la investigación y corresponde a ella determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades que, en su caso, procedan.

Pero su muerte no ocurre en un vacío, se inscribe en un mundo en el que la violencia se ha convertido en una presencia cotidiana y, en demasiados lugares, casi normalizada. Mientras escribo estas líneas, otros seres humanos son asesinados, desaparecidos, extorsionados, desplazados, secuestrados, violentados o despojados. Algunos casos ocuparán las primeras planas; la inmensa mayoría desaparecerá convertida en una cifra.

Las dimensiones del fenómeno obligan a detenernos. El último gran estudio mundial de homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó alrededor de 458 mil víctimas de homicidio intencional en un solo año, aproximadamente 1,255 seres humanos asesinados cada día, 52 cada hora: casi una persona cada minuto. Desde el año 2000, aproximadamente 9.5 millones de personas han perdido la vida por violencia homicida en el mundo.

Y si ampliamos la mirada más allá del homicidio, la dimensión de la violencia y las lesiones resulta todavía más estremecedora. La Organización Mundial de la Salud estima que 4.4 millones de personas mueren cada año por lesiones y violencia, alrededor de 12 mil personas cada día. De esas muertes, aproximadamente 1.25 millones anuales corresponden a lesiones relacionadas con distintas formas de violencia; además, decenas de millones de personas sufren cada año lesiones no mortales que requieren atención médica y que pueden producir discapacidad temporal o permanente.

México forma parte de esta realidad. No necesitamos recurrir a una impresión subjetiva: el propio Estado mexicano publica diariamente un reporte preliminar de homicidios dolosos, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra oficialmente las carpetas de investigación y las víctimas de la incidencia delictiva nacional. Los datos de 2026 se actualizan mensualmente y, al corte oficial más reciente disponible, comprenden enero-julio.

Pero las estadísticas revelan solamente aquello que conseguimos registrar. Detrás de cada homicidio existe una víctima; detrás de ella, una familia; alrededor de esa familia, una comunidad; y detrás de muchos acontecimientos violentos existe una trama mucho más amplia de relaciones deterioradas, criminales, desigualdades, impunidad, miedo y pérdida de confianza.

Éste es precisamente el punto que debemos discutir.

Porque frente a esta persistencia histórica de la violencia hemos respondido, una y otra vez, fortaleciendo fundamentalmente las capacidades coercitivas del Estado: más policías, más armamento, mayor inteligencia criminal, más tecnología, mayor vigilancia, más presencia militar, penas mayores, nuevas tipificaciones penales y más capacidad penitenciaria.

No obstante, la pregunta fundamental permanece abierta: ¿por qué, después de haber aumentado durante décadas nuestra capacidad para perseguir, vigilar, detener y castigar, seguimos sin desarrollar una capacidad equivalente para comprender y transformar las condiciones que producen la violencia?

Tal vez hemos cometido un error de origen. Hemos construido buena parte de nuestra política de seguridad mirando el acontecimiento violento desde su final: aparece un delito, buscamos al delincuente; identificamos al responsable, lo detenemos; comprobamos su responsabilidad, lo castigamos y lo encerramos. El Estado interviene cuando la violencia ya consiguió producirse.

Pero ¿qué ocurrió antes?

¿Qué ocurrió en aquella familia, aquella escuela, aquella colonia, aquella comunidad, aquel municipio? ¿Qué relaciones se rompieron? ¿Qué instituciones desaparecieron o dejaron de funcionar? ¿Qué espacios fueron ocupados por economías criminales? ¿Qué ocurrió con la autoridad? ¿Dónde comenzó la impunidad?

¿En qué momento una organización criminal consiguió convertirse en una estructura de pertenencia, reconocimiento, empleo, protección o poder para quienes terminaron incorporándose a ella? La pregunta deja de ser retórica cuando observamos la magnitud del fenómeno. Una investigación publicada en la revista Science estimó que, para 2022 (y estamos hablando de hace 4 años), los cárteles mexicanos agrupaban entre 160 mil y 185 mil miembros activos, con una estimación central cercana a 175 mil personas. El dato resulta todavía más inquietante cuando se observa la dinámica necesaria para conservar semejante estructura: los investigadores calcularon