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El Sindicalismo Veracruzano exige al IPE frenar reducciones de hasta 40% en pensiones.

Dario Pale 26 de Octubre de 2026

Integrantes de Sindicalismo Veracruzano exigieron al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) detener la aplicación del criterio del sueldo regulador, al denunciar que ha provocado reducciones de entre cinco y 40 por ciento en las pensiones de trabajadores al servicio del Estado, situación que, afirmaron, afecta la economía de miles de familias veracruzanas.

Los representantes sindicales se concentraron este lunes en las oficinas centrales del IPE, en Xalapa, para conocer los resultados de una sesión extraordinaria del Consejo Consultivo del organismo, en la que esperaban que se atendiera su demanda y se establecieran acuerdos para evitar que continúen las disminuciones en los montos de jubilación.

Celeste Angélica Villegas Sánchez, representante de Sindicalismo Veracruzano, señaló que la defensa de los ingresos de los trabajadores debe asumirse como una causa común, por lo que distintas organizaciones sindicales han decidido coordinarse para exigir una solución.

“Todo aquello que afecte al ingreso de la clase trabajadora obliga a su organización sindical a defender. No tiene caso que cada quien camine en una dirección; si es algo que afecta, es un bien común. Sin ningún protagonismo de una sigla, somos todos y hemos tenido a bien trabajar de manera coordinada, pues al final el beneficio va a ser para nuestros representados”, expresó.

Indicó que, aunque se han desarrollado mesas de trabajo y se han presentado casos particulares, las organizaciones buscan que las autoridades no solamente escuchen sus planteamientos, sino que también adopten medidas concretas para resolver el problema.

Como parte de las acciones emprendidas, informó que han analizado más de 200 casos para documentar las afectaciones, aunque precisó que el universo de trabajadores perjudicados es mucho mayor.

De acuerdo con los representantes, las reducciones no se aplican de manera uniforme, pues existen casos con disminuciones de cinco, 10, 15 y 20 por ciento, mientras que otros alcanzan hasta 40 por ciento del monto de pensión que esperaban recibir.

Advirtieron que incluso una reducción mínima representa una afectación para los jubilados, debido a que el dinero que dejan de percibir repercute en sus gastos cotidianos, transporte, alimentación y otras necesidades familiares.

Reclaman diferencias en el cálculo de las pensiones.

Eliseo Islas Chagoya, dirigente de SITEMA e integrante de Sindicalismo Veracruzano, explicó que hasta el ejercicio 2024, según los casos expuestos por las organizaciones, los trabajadores que causaban baja y realizaban el trámite correspondiente ante el IPE recibían una pensión calculada sobre el 100 por ciento de su último sueldo de cotización.

Sin embargo, señaló que a partir de 2025 comenzaron a detectar la aplicación del sueldo regulador, mecanismo contemplado en la Ley 287 que consiste en calcular un promedio ponderado de los salarios del trabajador durante un periodo que puede abarcar de uno a 10 años.

Los sindicalistas cuestionaron que el Instituto haya comenzado a aplicar este procedimiento a quienes tramitaron su jubilación a partir de 2025, mientras que, aseguran, a trabajadores que se retiraron en años anteriores se les autorizó y pagó su pensión con base en el 100 por ciento de su último sueldo de cotización.

Islas Chagoya señaló que esta situación ha generado incertidumbre entre los trabajadores, debido a que personas con trayectorias laborales y años de cotización similares pueden recibir montos de pensión diferentes dependiendo del momento en que formalizaron su retiro.

“Lo que a ella le puede pasar, a mí no, y lo que a mí me puede impactar de manera negativa, a ella no. Entonces, lo único que estamos diciendo es: nada más díganme cómo aplican un criterio que no tiene un fundamento legal claro. No hay certidumbre realmente entre los propios trabajadores”, manifestó.

El dirigente sostuvo que la inconformidad no se centra únicamente en la existencia del sueldo regulador dentro de la legislación, sino en la manera en que se está aplicando y en la falta de claridad sobre los criterios utilizados para determinar los montos de las pensiones.

Piden respetar derechos adquiridos

Los representantes sindicales explicaron que su demanda está relacionada con los derechos de los trabajadores que ingresaron al servicio público bajo las disposiciones de las leyes 5 y 20, anteriores al actual marco legal de pensiones.

Por ello, solicitaron que se reconozcan los derechos adquiridos y que la transición hacia la Ley 287 no afecte las condiciones de jubilación que, desde su perspectiva, corresponden a quienes cotizaron bajo los ordenamientos anteriores.

Islas Chagoya indicó que la Ley 287 entró en vigor el 21 de julio de 2014 y que, de acuerdo con su interpretación, los años de cotización acumulados hasta esa fecha son relevantes para determinar las condiciones de retiro, conforme a las disposiciones transitorias de la legislación.

Como ejemplo, mencionó que un trabajador con 30 años de cotización podría esperar recibir el equivalente al 100 por ciento de su sueldo de referencia; sin embargo, con el promedio de sus percepciones de los últimos años, el monto final de su pensión puede disminuir.

Añadió que incluso trabajadores con 38, 39 o 40 años de cotización han reportado afectaciones al momento de tramitar su jubilación.

Los sindicalistas cuestionaron por qué, si la Ley 287 ya estaba vigente cuando otros trabajadores se retiraron entre 2015 y 2024, a ellos se les autorizó el pago de su pensión con base en el último sueldo de cotización, mientras que a quienes iniciaron el procedimiento a partir de 2025 se les aplica el promedio ponderado.

Por ello, insistieron en que el Instituto debe explicar públicamente los fundamentos y criterios utilizados para calcular las pensiones, así como garantizar certeza jurídica a quienes están próximos a jubilarse.

Exigen una respuesta del Consejo Consultivo.

Los representantes de Sindicalismo Veracruzano acudieron a las instalaciones del IPE para conocer los acuerdos de la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo, iniciada a las 11:00 horas de este lunes.

Explicaron que no tenían previsto ingresar de manera conjunta a la reunión, pues su intención era esperar a que los consejeros les informaran sobre la resolución y, posteriormente, comunicarla a sus respectivas bases sindicales.

El Consejo cuenta con representaciones de organizaciones magisteriales, la Universidad Veracruzana, la Federación de Municipios y autoridades estatales, quienes participan en las deliberaciones y en la toma de acuerdos relacionados con el organismo.

Los dirigentes señalaron que, en caso de obtener una respuesta favorable, informarían a sus agremiados y realizarían una rueda de prensa para dar a conocer los alcances de la determinación.

También destacaron que llevan más de 120 días en diálogo para buscar una solución al conflicto y expresaron su expectativa de que la sesión extraordinaria permitiera avanzar en la atención de sus demandas.

En ese contexto, agradecieron al secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, y al coordinador de asesores, José Antonio Bretón Betanzos, por la apertura para analizar el asunto desde las perspectivas financiera, económica, humana y jurídica.

Afirman que el IPE no está en quiebra

Ante los cuestionamientos sobre la situación financiera del Instituto, los representantes sindicales aclararon que su exigencia no consiste en señalar que el organismo esté en quiebra, sino en solicitar que se revise la aplicación del sueldo regulador y se brinde una explicación clara sobre el procedimiento utilizado para determinar las pensiones.

Aseguraron que la reducción de los ingresos de los jubilados tiene consecuencias directas en la economía de sus familias, por lo que consideraron necesario resolver el problema mediante acuerdos que otorguen certidumbre a los trabajadores en activo y a quienes ya concluyeron su vida laboral.

Finalmente, Islas Chagoya afirmó que las organizaciones continuarán con las acciones de representación y defensa de sus agremiados hasta obtener una respuesta a sus planteamientos.

“Si tu compañero te ves representado y ves aquí a tu secretario general, siéntete seguro de que la lucha va a continuar, de que estás debidamente representado y de que vamos a procurar que la ley se aplique como lo establece”, expresó.

El Sindicalismo Veracruzano reiteró que espera una resolución favorable del Consejo Consultivo del IPE para frenar las afectaciones denunciadas y garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados conforme al marco legal aplicable.